Nuevos allanamientos en la investigación por coimas en el soterramiento del Sarmiento

Las investigaciones en las empresas Iecsa -que fue propiedad de Angelo Calgaterra, primo del presidente- Comsa y Ghella fueron pedidas por el fiscal del caso, Franco Picardi, al magistrado en la investigación sobre uno de los capítulos del Lava Jato en Brasil.
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Buenos Aires, (NA) - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso ayer allanamientos en las sedes de las empresas Iecsa, Comsa y Ghella, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por el fiscal del caso, Franco Picardi, al magistrado en la investigación sobre uno de los capítulos del “Lava Jato” en Brasil.
Los allanamientos también tuvieron lugar en las empresas Detall y la consultora Caesa, esta última de Manuel Vázquez, exasesor del detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.
En la causa están imputados Jaime y Vázquez por el presunto cobro de sobornos por parte de Odebrecht, aunque el fiscal Franco Picardi también apunta a las máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal.
La semana pasada, Picardi había pedido entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, además de detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
El fiscal solicitó también que se revise el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento entre el Estado y una Unión Transitoria de Empresas conformada por Odebrecht, Iecsa (la cual era del primo de Macri, Angelo Calcaterra), y otras dos firmas.
También reclamó que se realice un entrecruzamiento telefónico entre empresarios y exfuncionarios, y que se brinde información sobre las visitas de integrantes de esa firma a los ministerios de Planificación Federal, de Economía, Interior, Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
Según indicó el fiscal, entre 2005 y 2014 hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales” para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, de acuerdo al escrito difundido a la prensa.
Picardi pidió entrecruzamientos de llamados entre el detenido exsecretario Jaime, Vázquez y autoridades y directivos de “Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa S.A. y Comsa S.A., con sede o filial en el país”.
















