Marcha atrás de Vidal con la penalización por la difusión de las declaraciones juradas

La polémica surgió a partir de la publicación de un decreto ampliatorio de aquel que obligaba al personal de la provincia a cumplimentar el trámite, y que establecía penas de cárcel a funcionarios, empleados o periodistas que difundieran esos datos.

La Plata, (NA) - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, debió ayer dar marcha atrás y derogar varios artículos de un decreto que establecía penas de cárcel a quienes difundieran datos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, policías y penitenciarios, en medio de una fuerte polémica y el repudio de la oposición.

La polémica surgió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de un decreto ampliatorio de aquel que obligaba al personal de la provincia a presentar declaraciones juradas, y que establecía penas de cárcel a funcionarios, empleados o periodistas que difundieran datos de estas informaciones “reservadas”.

La norma dada a conocer ayer, tal como se había informado un su momento, prorrogaba por 60 días el plazo de entrega de las declaraciones juradas, cuya obligatoriedad había sido dispuesta por la gobernadora Vidal el 4 de marzo pasado, a través de otro decreto.

Pero uno de los puntos más polémicos de las diversas correcciones técnicas y de contenido que aparecían en el Boletín Oficial era el que aclaraba que “la declaración jurada patrimonial integral tendrá carácter reservado”, y disponía que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”, que establecen penas de cárcel de entre un mes y dos años.

Horas después, Vidal salió a aclarar por Twitter que si había “alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente”, sería “revisada”, aunque poco más tarde, mientras crecían la polémica y las críticas, el Gobierno bonaerense reconoció “un error en la redacción” y confirmó que finalmente la mandataria derogará los cuestionados artículos de la norma.

“A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”, indicó la gobernación en un comunicado oficial.