La Oficina Anticorrupción inició su alegato en el juicio oral a Lázaro Báez
En audiencias previas, se escucharon los alegatos de la Afip (pidió ocho años de prisión para Béz) y la UIF-Unidad de Información Financiera (reclamó nueve años), también querellantes en el caso y, luego de la OA, está previsto que exponga el fiscal de juicio.
BUENOS AIRES, (NA) - La Oficina Anticorrupción (OA) inició ayer su alegato final contra el empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos por presunto lavado de activos, en otra jornada del juicio oral que se sigue por esta causa en los tribunales de Comodoro Py.
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La entidad es querellante en la investigación y en el reinicio del debate oral realizó su alegato acusatoria contra el empresario y sus hijos, mientras que los abogados de la OA anticiparon que acusarán por el delito de lavado de activos a Báez y otros procesados. Los letrados consideran que ese dinero provino de un delito anterior vinculado a la obra pública que obtuvo su empresa, “Austral Construcciones” en el kirchnerismo.
En audiencias previas, se escucharon los alegatos de la Afip (pidió ocho años de prisión para Béz) y la UIF-Unidad de Información Financiera (reclamó nueve años), también querellantes en el caso y, luego de la OA, está previsto que exponga el fiscal de juicio, Abel Córdoba.
Ayer, la OA aludió a etapas en una “maniobra de corrupción” forjada desde el grupo de empresas de Báez que se constituyó desde “Austral Construcciones”, inscripta en el 2003 con un capital social de 12.000 pesos y tres socios, entre ellos Lázaro Báez.
Hacia 2008, la empresa “quedó completamente en el ámbito de la familia Báez”, remarcó la OA.
Báez “trabó vínculo de amistad con Néstor Kirchner, que trascendió la esfera personal; compartieron entre ellos diferentes negocios” según surge de otras causas penales incorporadas como prueba al juicio, remarcó la querella.
Para la OA, en la obra pública adjudicada en Santa Cruz a las empresas de Báez, “hubo competencia simulada, concurso de precios simulado y vulneración de principios de competencia”.
A la hora de referirse a maniobras de lavado de ese dinero proveniente de un delito previo, la OA sostuvo que la financiera SGI, conocida como “la Rosadita”, con oficinas en el barrio porteño de Puerto Madero, fue “el centro de operaciones de una gran maniobra de lavado, fue la fachada”.
SGI recibía los fondos de Austral Construcciones desde Río Gallegos, “hacía recepción, guarda y custodia del dinero para luego ser remitido al exterior por otras entidades de las que era nexo”.
Por otro lado, la audiencia estuvo atravesada por quejas de los abogados por el estado de los baños de Comodoro Py en medio de la emergencia por el coronavirus.
Ante la queja, el presidente del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel anticipó su intención de enviar un oficio a la Cámara Federal de Casación para informar el problema.
El reclamo hizo foco la falta de papel higiénico y alcohol en gel en los baños cercanos a la sala Amia en el subsuelo del edificio, donde se realiza el juicio.