La Justicia elevó a juicio la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez

En la investigación, evaluaron las maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública.

Buenos Aires, (NA) - El juez federal Sebastián Casanello finalmente elevó ayer a juicio la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la expresidenta Cristina Kirchner. El proceso abarcará a los cuatro hijos del empresario patagónico, al financista Federico Elaskar, al empresario Leonardo Fariña y otras más de veinte personas, todas acusadas de integrar una “banda” dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y que se estiman en unos 60 millones de dólares de origen ilegal.

Tal como lo había solicitado el fiscal Guillermo Marijuan al reclamar la elevación a juicio, se juzgará además al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi (exmarido de la vedette Ileana Calabró) y el empresario Carlos Molinari, este último pagó la boda entre el mediático Fariña y la modelo Karina Jelinek. Al declarar clausurada la instrucción, el Tribunal Oral que resulte sorteado deberá fijar fecha de realización del proceso, en el que no estará incluida la expresidenta Kirchner ni funcionarios de su gestión, tal como reclamaba el gobierno de Mauricio Macri a través de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.

La expresidenta está ligada al origen de la maniobra investigada: según Casanello, los millones que lavó Báez provienen de la asignación irregular de obra pública en Santa Cruz, lo que investiga el juez Julián Ercolini, que ya la procesó junto con Báez por asociación ilícita y fraude.

El organismo que preside Laura Alonso elevó incluso ayer ante la Cámara Federal un recurso de queja tras la denegatoria a la apelación que había presentado para que la expresidenta Kirchner fuera citada a declaración indagatoria, lo que nunca ocurrió.

Sucede que, en esta investigación, se evaluaron las maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado Nacional.

En la presentación, la OA había indicado que las partes acusadoras sufren “una privación de justicia frente a la sostenida negativa del juez a convocar a la imputada a rendir explicaciones” en esta causa.