La Cámara baja convirtió en ley la iniciativa que penaliza la corrupción empresaria

El diputado del Frente para la Victoria-PJ Guillermo Carmona aclaró que su bloque se abstendría durante la votación al evaluar la propuesta como “insuficiente” para evitar que se generen “mantos de impunidad para funcionarios y empresas amigas” de los mismos.

Buenos Aires, (NA) - La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el régimen de Responsabilidad Penal que castiga la corrupción empresaria, un proyecto impulsado por el Gobierno que contó con 144 votos positivos, 6 en contra y 31 abstenciones.

De este modo, el oficialismo cumplió su cometido de contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara baja.

El interbloque Cambiemos contó con el apoyo en general del Frente Renovador-UNA y el bloque Justicialista, en tanto que el Frente para la Victoria-PJ se abstuvo y el Frente de Izquierda votó negativamente.

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de legislación penal, Gabriela Burgos, valoró la iniciativa como un “primer paso” para reducir la corrupción de personas jurídicas.

“Sabemos que muchas veces se han creado sociedades jurídicas fantasmas solamente con la finalidad de cometer delitos de corrupción. Estamos hablando de la participación necesaria de funcionarios que tienen la obligación de proteger a la ciudadanía, y eso no ha pasado”, lamentó la diputada radical.

En la misma frecuencia que Burgos, el presidente de la comisión de legislación general, Daniel Lipovetsky, celebró que la nueva normativa incorpore delitos cometidos por personas jurídicas, tras lo cual aclaró que dichas sanciones “no exceptúan a las personas físicas implicadas” en esos delitos.

A su turno, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Guillermo Carmona aclaró que su bloque se abstendría durante la votación al evaluar la propuesta como “insuficiente” para evitar que se generen “mantos de impunidad para funcionarios y empresas amigas de los funcionarios”.

“Este es un proyecto de ley que perfectamente podría denominarse ley Ocde. Es una ley que viene a responder al pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que pone como condición para la membresía la implementación de políticas y regulaciones a los Estados que la integran”, analizó el mendocino.

Rodolfo Tailhade, del mismo bloque, coincidió en que el texto consensuado “no es suficiente” ya que por ejemplo “plantea la posibilidad de eximir totalmente de pena a empresas que participen en delitos contra la administración pública”.

“La ley va a terminar como la ley buitre. Nos pintaron un mundo de maravillas y estamos en el medio de un endeudamiento fenomenal, con tasas de interés que no han bajado”, aventuró con pesimismo, e insistió: “Esta ley no va a tener ningún resultado positivo”.