El tema de la Justicia deberá estar en la agenda presidencial de los candidatos

Hay muchas y diversas problemáticas que le esperan a la nueva gestión que asuma en diciembre, sea el candidato oficialista o alguno de los opositores. La diferencia radicará, seguramente, en que cada uno buscará solucionarlos de manera distinta, de acuerdo al estilo personal que quiera imponer y al modelo político-económico al que adhiera.

Sin embargo, hay una cuestión que, puntualmente, habrá que manejar con mucho tino y es la famosa grieta, pero no periodística o la social (que demandará años para al menos achicarse), sino la judicial, de la que poco se habla pero que mucho afecta. No es otra cosa más que la prolongación a los estrados de esta gran división que atraviesa a la sociedad entre K y anti K, amigos o enemigos del Gobierno.

La metáfora de la grieta refiere a que se han formado camarillas dentro del Poder Judicial; unos hablan de los distintos intentos del Gobierno nacional de controlar o influir de algún modo sobre la Justicia y otro creen que hay sectores que pretenden perjudicar al oficialismo mediante investigaciones y fallos porque tienen compromisos con los posibles próximos mandatarios.

Esta cuestión en sí misma es una afrenta para el ciudadano común, que aspira a tener una Justicia que cumpla un rol de absoluta neutralidad, se trate de un poderoso o de un hombre de a pie. Este concepto que parece pueril, casi ingenuo, en tiempos en los cuales el Poder Judicial está claramente sospechado, es un sentimiento legítimo y comprensible que tiene la gente, que tenemos todos en realidad.

Cabe recordar que Néstor Kirchner comenzó su gobierno con importantes decisiones judiciales, que se presentaron como un signo esperanzador. Y nadie puede olvidar su promesa de poner el traje a rayas a cualquier funcionario inmiscuido en un caso de corrupción. Para reafirmar su voluntad de entonces, nombró una Corte Suprema con juristas de nota, nacionales e internacionales.

Ya en épocas de Cristina Kirchner, sobre todo en su segundo mandato, tercero del kirchnerismo, poco y nada quedó de aquellas buenas intenciones del comienzo. 

No se desconoce que puede existir una deliberada intención de perjudicar al Gobierno por parte de algún sector y que uno de los métodos sea el judicial, mediante un exhaustivo seguimiento de los personajes del poder. Pero lo cierto es que, aun mediando ese interés, la tierra ha demostrado ser fértil puesto que los magistrados trabajan sobre sospechas que terminaron siendo fundadas. En ese caso, bienvenido sea ese interés para los ciudadanos porque, a la postre, redunda en que la Justicia esté detrás de quienes administran la cosa pública, controlando y haciendo rendir cuentas cuando las situaciones (o los números) no cierran.

Es evidente, por la oportunidad de las medidas que toma, que para amortiguar estos embates, el Gobierno mete sus narices en el Poder Judicial, por ejemplo a través de la conformación de los tribunales. El Consejo de la Magistratura se ha convertido en un organismo que genera más escándalos que controles. En definitiva, la Justicia Federal está claramente esmerilada en la visión pública, sospechada de intervencionismo del poder político al que debe juzgar como a cualquier ciudadano.

Frente a la proximidad del acto eleccionario por el cual los argentinos consagraremos un nuevo presidente, hay una agenda judicial que debiera ser parte de los proyectos de los candidatos. Para salir de esta encerrona entre dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, que heredará quien llegue a la Casa Rosada.

El sistema republicano tiene eje en la separación de poderes por lo que cuestiones que hacen al Poder Judicial no debieran integrar la agenda del Ejecutivo, pero lo cierto es la cuestión judicial federal se ha contaminado tanto con la irrupción de la política que se ha transformado en una cuestión de Estado pensar en como revalorizar el rol de los poderes del Estado a la luz de clarificar y mejorar la institucionalidad del país.

En primer lugar, el nuevo gobierno deberá encarar sin demora la reforma del Consejo de la Magistratura, en principio porque este órgano no respeta, con su actual conformación, el equilibrio entre los estamentos que lo componen, y que reclama el artículo 114 de la Constitución Nacional. En efecto, con tres senadores, tres diputados, y el representante del Poder Ejecutivo ya se alcanza la mayoría absoluta, y quedan sólo seis cargos para elegir entre tres jueces, dos abogados y un representante de los académicos. De este modo el estamento político maneja el Consejo y es sabido que el hecho de que los legisladores sean de distintos partidos políticos no garantiza nada. Es conocido en la jerga del Consejo “el cambio de figuritas”, un juez mío por un camarista tuyo. Y lo decimos así, brutalmente, porque a estas alturas las sutilezas sólo conllevan a la confusión.

La otra razón que torna imperiosa la reforma es que el Consejo se encuentra virtualmente paralizado, pues rara vez se obtienen los dos tercios de sus miembros necesarios para aprobar un concurso de jueces, circunstancia que ha posibilitado la sanción de la controvertida ley de subrogancias. Aunque para cuando asuma el nuevo presidente podría haber sido ya declarada inconstitucional.

El otro tema que claramente deberá poner en agenda el próximo presidente lo constituye la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por fallecimientos y renuncias tiene sólo cuatro miembros. Esta cuestión, que debiera seguir un protocolo ya establecido, está claramente trabada porque en un año electoral, la oposición se niega a apoyar a ninguna terna de postulantes que eleve el Poder Ejecutivo. Prefieren esperar y que los postule el nuevo Gobierno, no es una buena práctica la de los legisladores de la oposición, porque en definitiva también están inmiscuyendo la política en la Justicia, pero se amparan en que el Gobierno pretende nombrar jueces que los protejan una vez que se vayan del poder.