Allanaron el Ministerio de Finanzas y la Anses por una investigación sobre los FGS

Otros procedimientos se efectuaron en la Comisión Nacional de Valores y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora Iecsa. En la causa están imputados Luis Caputo, Emilio Basabilvaso y dos exfuncionarios.

Buenos Aires, (NA) - El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Fuentes judiciales informaron que los operativos fueron realizados en el marco de la causa en la que están imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso, y otros dos exfuncionarios que administraron el Fondo de Garantía.

El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública.

Por orden del juez, los allanamientos lo llevó adelante personal de la Policía Federal en el Ministerio de Finanzas, donde voceros confirmaron el procedimiento pero no formularon más declaraciones. También fueron allanadas la sede central de la Anses y las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en Tucumán al 500.

Otros procedimientos se efectuaron en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora Iecsa, esta última hasta hace poco propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.

Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12 por ciento emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos.

En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5 por ciento.

Para el denunciante, la medida habría generado una pérdida de 75 millones de dólares al Estado.

Según la acusación fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.

En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.