La Cámara Federal confirmó el procesamiento de De Vido
El exministro está acusado por descarrilamiento culposo por el accidente de Once y administración fraudulenta por las irregularidades en el otorgamiento de subsidios; y el juez Bonadio le fijó un embargo de hasta 600 millones de pesos que ahora fue ratificado.
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Buenos Aires, (NA) - La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido por la tragedia ferroviaria de Once, en la que 52 personas murieron en febrero de 2012.
Fuentes judiciales informaron a la prensa que la Sala II ratificó el procesamiento de De Vido y el de Gustavo Simeonoff, expresidente de la Uniren (Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos).
El exministro está acusado por descarrilamiento culposo por el accidente y administración fraudulenta por las irregularidades en el otorgamiento de subsidios; y el juez Claudio Bonadio le fijó un embargo de hasta 600 millones de pesos que ahora fue ratificado por el Tribunal.
Para la Cámara, está acreditado que De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires S.A., permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas.
En un primer juicio, del cual hubo veredicto el año pasado, el Tribunal Oral Federal 2 condenó, entre otros, a los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a seis y ocho años, respectivamente, y Claudio Cirigliano a nueve años de prisión.
En su fallo, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires S.A..
No adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio, lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012, señalaron.
Para el Tribunal, pese a los múltiples informes desfavorables elevados por las diferentes áreas, fue recién el 28 de febrero de 2012 -luego de los acontecimientos que dieron inicio a estos actuados- que dictó la Resolución 199, que dispuso la intervención en la concesión del servicio ferroviario.
Por último, la Cámara dispuso la falta de mérito sobre la exdirectiva de TBA Silvia Emilse Lopez.