Buscan endurecer las penas contra la caza furtiva en campos bonaerenses
Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone prohibir expresamente la caza de animales silvestres en establecimientos rurales privados y establecer un régimen de sanciones más severo.
La inseguridad en el campo volvió a instalarse en la agenda legislativa de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el foco está puesto en la caza furtiva, una práctica que desde hace años preocupa a productores rurales por los daños que ocasiona tanto sobre la fauna como sobre la propiedad privada.
Con ese objetivo, el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo presentó un proyecto de ley que propone prohibir de manera expresa la caza de animales silvestres dentro de establecimientos rurales privados y crear un régimen específico de sanciones para quienes ingresen ilegalmente a los campos con ese fin. La iniciativa también lleva la firma del legislador Andrés De Leo.
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Una problemática que excede la caza
Desde el sector agropecuario sostienen desde hace tiempo que el problema ya no se limita a la captura ilegal de animales.
En numerosos distritos bonaerenses, especialmente durante las noches y los fines de semana, grupos organizados ingresan a establecimientos rurales rompiendo alambrados, tranqueras y candados, utilizando camionetas, motocicletas y jaurías de perros galgos para perseguir la fauna silvestre.
Además de las pérdidas materiales, los productores denuncian que estas incursiones generan situaciones de enorme tensión para las familias que viven en los campos, muchas veces sorprendidas por personas armadas o grupos numerosos circulando dentro de sus propiedades.
Qué propone el proyecto
La iniciativa busca tipificar estas conductas como una "contravención grave contra la seguridad rural", elevando considerablemente las sanciones previstas por la legislación vigente.
Entre las medidas contempladas figuran multas de mayor magnitud, el decomiso de armas y elementos utilizados para la caza, el secuestro preventivo de los vehículos empleados para ingresar a los establecimientos y la inhabilitación de los infractores.
El proyecto también agrava las penas cuando intervienen tres o más personas, cuando la actividad se desarrolla durante la noche, se utilizan vehículos para perseguir animales, se actúa dentro de áreas protegidas o se verifica el ingreso clandestino a propiedades privadas.
Las normas actuales, bajo revisión
Uno de los argumentos centrales del proyecto es que el actual Código Rural bonaerense ya contempla restricciones para determinadas modalidades de caza, como la conformación de cuadrillas o la caza nocturna.
Sin embargo, los impulsores de la iniciativa consideran que esas herramientas resultan insuficientes frente a la realidad actual, donde el fenómeno adquirió un mayor grado de organización y violencia.
Según explicaron, las sanciones vigentes funcionan en muchos casos como simples contravenciones que no alcanzan para desalentar el ingreso ilegal a los establecimientos rurales.
Reclamo histórico de los productores
La propuesta legislativa recoge un reclamo que desde hace años realizan entidades rurales y foros de seguridad del interior bonaerense.
El Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), entre otras organizaciones, viene advirtiendo sobre el incremento de hechos vinculados con cazadores furtivos que no sólo afectan la fauna silvestre, sino que también provocan roturas en la infraestructura de los campos, generan conflictos con el ganado y ponen en riesgo la integridad física de quienes viven y trabajan en las explotaciones agropecuarias.
Un problema frecuente en el norte bonaerense
En buena parte del norte de la provincia, incluida la región de Pergamino, los productores conocen de cerca esta problemática. Los ingresos ilegales para cazar liebres, peludos, vizcachas, zorros o incluso ciervos y jabalíes en aquellas zonas donde están presentes suelen repetirse durante distintas épocas del año.
Más allá del daño sobre la fauna, el principal reclamo del sector apunta a la violación de la propiedad privada y al clima de inseguridad que generan estas incursiones.
Con este proyecto, la Legislatura bonaerense abre un nuevo debate sobre la necesidad de actualizar el marco legal para responder a una modalidad delictiva que, según denuncian los productores, dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un problema creciente de seguridad rural.